Comite Anticorrupcion de Carabayllo

viernes, 17 de febrero de 2012

ROBOS EMBLEMÁTICOS


Alan García envidia al río de la Plata. Y tiene una imaginación inacabable para idear maneras de enriquecer su experiencia de hombre público. Lo que hizo con los l/colegios emblemáticos" podría ser parte de un didáctico manual del latrocinio. Eso es algo que, a pesar del sabotaje apro-fujimorista, sigue investigando la megacomisión encargada de levantar las alfombras del quinquenio 2006-2011.

Ni para remodelar los colegios respetaron las arcas públicas. Hasta en eso echaron mano y consumaron el saqueo. Por esta razón la megacomisión que investiga al expresidente Alan García alista su primera denuncia. Se trata del caso de los llamados colegios emblemáticos, cuyo informe entregará a fines de marzo. Según fuentes de la comisión, a la luz de los hallazgos, podrían denunciar al exmandatario por los presuntos delitos dé colusión y defraudación al Estado.
El equipo técnico del grupo congresal ha detectado el método que usaba el anterior gobierno para inflar el costo de las obras. Resulta que para refaccionar una unidad escolar no había una adjudicación directa: ¡había varias! Todo el proceso de la remodelación era una sucesión de asignaciones a dedo. "A más exoneraciones para un solo colegio, mayor el sobrecosto", dice una fuente de
la megacomisión.
Esas prácticas de corrupción tuvieron su origen en el decreto de urgencia 004-200<), promulgado el 10 de enero de ese año. Los responsables del decreto: Alan García, el ex -primer ministro Yehude Simon y el entonces titular de la cartera  
de Educación, José Antonio Chang, quien será citado la primera semana de marzo. Escudándose en el decreto de urgencia se libraban de todo tipo de fiscalización: podían contratar sin concurso público, sin visto bueno del SNIP ni de la Contraloría.
La megacomisión calcula que, por la sucesión de asignaciones a dedo y la falta de controles, los precios se dispararon en algunos casos a más del 200 por ciento respecto de su costo original. Así, la remodelación del Alfonso Ugarte te, que tenía un monto inicial de S/.13'274.564.17, terminó costando S/. 22´799.476.53. La refacción del Juana Alarco de Dammert, de Miraflores, con un presupuesto programado de S/.11'568.701.69, llegó a S/.19'302.S82.75. Los trabajos en el Pedro Labarthe, de La Victoria, empezaron con S/.16'102.546.53 asignados pero, con el paso del tiempo y consecuentes ampliaciones, ese monto subió nada menos que a S/.42'820.300.68, más del doble. Por supuesto, el diligente ministro de Educación de entonces, José Antonio Chang, autorizaba sin demora alguna los montos adicionales. Y así podríamos seguir con los veinte colegios emblemáticos
remodelados. Ni el propio colegio de García, el José María Eguren, de Barranco, se salvó.
La refacción del Melitón Carvajal, de Lince, fue presupuestada por S/.18'976-461-40 y terminó costando S/.28'262.288.995. y en el caso del Teresa Gonzales de Fanning, de Jesús María, el asunto "es de juzgado y policía: iba a costar S/.14'622.89949 pero terminó en ¡S/. 47' 255.358.11!
Según los técnicos de la comisión investigadora, que preside el nacionalista Sergio Tejada, es las ampliaciones presupuestales van contra la ley de contratación del
Estado. De acuerdo con esta norma, si se quiere sumar a una obra más del quince por ciento del monto original, "se deberá tener la autorización expresa de la Contraloría General de la República". Y, como hemos visto, las ampliaciones pre-
supuestales perpetradas por Alan García y ejecutadas por su ministro Chang superaron larguísimamente el 15%, llegando, en algunos casos, hasta el 300%.
Las empresas favorecidas eran casi siempre las mismas: Cosapi y DHMonty Grañay Montero, la del amigazo "Pepe".
El 6 de febrero del 2009, el Ministerio de Educación le concedió a la empresa Cosapi la remodelación del colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro. Cosapi se comprometió a entregar la obra en un plazo de 270 días Y recibió por ello un monto de S/.13'274,564.17. Sin embargo, la compañía no entregó el trabajo a tiempo. El Ministerio de Educación optó entonces por realizar dos adjudicaciones directas más, en el 2010, a fin de justificar la ampliación presupuestal en ese colegio.
La constructora Cosapi resultó siendo favorecida en las dos oportunidades. Los montos fueron de S/·3'569·179,06 y S/.5'955·733,30.
Es decir, sin explicación alguna, el Estado pagó 9 millones 520 mil soles por encima de la propuesta original. ¡Gran faenón!
Lo mismo sucedió también con el centro educativo Pedro Labarthe, de La Victoria. En este caso el beneficiado fue el consorcio constructor DHMont y Graña y Montero. Inicialmente, el 13 de mayo del 2009, el ministerio le pagó S/.16'102.546.53 para rehabilitar el Labarthe. Tema un plazo de 270 días. Pero tampoco cumplió. Pese a ello, Chang digitó otros dos "concursos". Por supuesto,
el consorcio que no había cumplido con el plazo de entrega fue premiado con una primera parte de 19 millones y una segunda de 7 millones de soles. O sea que el monto adicional 26 millones de soles- fue superior en 10 millones de soles. Las obras terminaron costando 42 millones de soles.
"Esta modalidad de repetir exoneraciones para un solo colegio y tratarlas cómo si cada una fuese una nueva obra es altamente sospechosa. Aquí ha habido un negociado", dice una fuente de la megacomisión.
Para el especialista en licitaciones Julio César Castiglioni, esta práctica del Ministerio de Educación es abiertamente irregular. "Han estado atentando contra la transparencia del proceso. Es una forma de sacar le la vuelta al Estado. La exoneración es para una situación excepcional.
En este caso no ha habido ningún estado de emergencia. Además, la ley de presupuesto prohíbe que las exoneraciones se fraccionen.
Es decir, se debió adjudicar directamente a todos y no a cada uno de los colegios emblemáticos", dice Castiglioni,
"El equipo técnico de la megacomisión, que despacha en el jirón Junín del Cercado de Lima, se apoya también en un informe de Contraloría emitido en el 2009. En ese documento, se determinó que dentro del programa de rehabilitación de los colegios emblemáticos hubo un gasto exonerado de fiscalización de 352 millones de soles. De hecho, Educación fue la entidad del Estado con mayor monto de gasto libre de fiscalización del 2009. "Se otorgó adelantos que excedían los montos permitidos, en algunos casos sin considerar el cronograma establecido", dice el informe. Y hasta las penalidades las dejaron pasar:
"No se cauteló adecuadamente los intereses del Estado habiéndose decretado deficiencias en el cálculo de penalidades por incumplimiento contractual ... ", agrega.
Al ser consultado por este semanario, el presidente de la megaco-misión, Sergio Tejada, confirmó los indicios de corrupción pero prefirió no dar detalles de las investigaciones para evitar adelantar opinión.
Además, Tejada y los integrantes del equipo técnico han sido blanco, en los últimos días, de feroces ataques de fujimoristas  y apristas.
Las acusación es coinciden en el hecho de que la megacomisión ya está indagando temas más sensibles como las sospechosas licitaciones en el sector Transportes y la corrupción en Sedapal. Y eso que no han entrado al sector Salud todavía. O al de Transportes.
En ese contexto, el pasado viernes 3 de febrero, Tejada se reunió con el presidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, en horas de la tarde. Se conoció que el mandatario le ofreció su respaldo y cuestionó que la bancada de Gana Perú no lo respalde cuando es saboteado por los fujimoristas y apristas. Tejada no cuenta, además, con el apoyo de quien, se supone, sería su aliado en la comisión, el congresista de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano.
“Humala le ha pedido a la bancada que no deje solo a Tejada y lo respalde siempre”, dice una fuente palaciega. Dos días después de ese encuentro, el domingo 5 de febrero, el expresidente García salió a declarar en la cadena Univisón que le propuso a Humala otorgar de manera conjunta el indulto al exdictador Alberto Fujimori. García buscaba, así, el apoyo del fujimorismo para desestabilizar a la comisión que lo investiga.
El lazo entre los fujimoristas y apristas se hace evidente en los  pasillos del Congreso. El legislador de Fuerza 2011 Pedro Spadaro Phillips tiene como asistente en su Despacho congresal al exmilitante aprista Juan Raúl Marticorena Pérez. Así aparece en la relación de personal del Congreso de noviembre del año pasado, al que este semanario tuvo acceso. De acuerdo con varias fuentes consultadas, Juan Marticorena Pérez es hizo del alcalde de Lurín, el aprista Jorge Marticorena Cuba.
Spadaro fue asesor del burgomaestre de Lurín. Marticorena Pérez, asesor de Spadaro, ingresó al Apra el 31 de marzo del 2009, pero habría cancelado su afiliación hace poco. Hace dos meses, la prensa difundió que el legislador de Alianza por el Gran Cambio Enrique Wong, otro “investigador” de Alan García, también tiene tres asesores apristas en su despacho, Wong fue, además, diputado por el Apra entre 1985 y 1990.

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